Páginas



sábado, 26 de febrero de 2011

FINJUS: ¡Por fin se quita la careta!


¿Pro Consumidor es competente para regular y fiscalizar el sistema financiero dominicano?

=

En el paisaje dominicano, el que usted menos cree, en el que nadie menos piensa, el que menos cualquiera se pueda imaginar. Se encuentra al servicio de los peores intereses.
De mi autoría.

El brazo jurídico del Grupo Financiero Popular y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ante la acometida de Pro Consumidor para validar el registro de los contratos de adhesión, sale en defensa de sus intereses.

Hace unas semanas, tuve un interesante “debate” en Facebook con un distinguido colega, sobre la Constitución dominicana 2010, en donde expusimos posiciones diversas sobre el contenido de la misma.

En el calor de la discusión, ante las valoraciones de mi contrincante sobre la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) por los “aportes” al nuevo canon constitucional, yo le riposté que esa entidad no es “casa de beneficencia”, porque aunque es cierto que han asumido el rol que ha abandonado el Colegio de Abogados promoviendo e impulsando reformas al ordenamiento jurídico dominicano, no es menos cierto que “no es gratis”, ya que representan al poderoso Grupo Financiero Popular en alianza con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y alguna “tajada o cuota de poder” pretenden al tener un papel tan sobresaliente…

Le expuse como ejemplo, que en lugar de apoyar a los grupos que adversaban la “nueva” Carta Magna, optaron por apoyarla tácitamente al no pronunciarse sobre la misma, mientras que colocaban sus “técnicos” en las comisiones que se encargarían de “darle forma” al negocio pactado entre Miguelucho Vargas Maldonado y el Emperador Leonel Fernández I.

Aparte de que sus “voceros” más calificados (Ray Guevara, Jorge Prats, etc.) fungían de “capataces” y asumían la defensa del mamotreto constitucional, a cambio de formar parte de la Suprema Corte o el Tribunal Constitucional.

Mientras el “debate” se acaloraba... Seguí mi disertación, alegando que con la "seguridad jurídica” para las inversiones, al Popular le convenía tener influencia sobre el Poder Judicial para defender exitosamente sus intereses ante cualquier demanda en que intervinieran.

Ya sea como demandantes: Para obtener sin dilaciones, sentencias favorables para proceder a embargar, desalojar, incautar o adjudicarse bienes de clientes morosos.

Ya sea como demandados: Para dilatar o entorpecer cualquier proceso que vaya en contra de sus intereses, por violaciones de contratos, accidentes, cobros indebidos al margen de la ley, etc. En perjuicio de clientes, relacionados y terceros.

Y hasta como "Legisladores": Infiltrando leyes favorables a sus intereses, como el Código Monetario y Financiero que deroga y despenaliza "la usura", para ser legalizada por completo al momento de suscribir contratos y la Ley de Riesgo Sistémico, en donde penalizan a las personas que difundan informaciones o rumores falsos y hasta verídicos sobre la realidad de las entidades financieras dominicanas.

Por ello, les convenía inventarse proyectos, cursos, seminarios, iniciativas legislativas y otras actividades para “codearse” con Jueces, Fiscales, Legisladores, altos oficiales, Ministros, Abogados, Clero católico, Embajadores, dignatarios y representantes de organismos internacionales… Y hasta “proponer a nombre de la sociedad civil” a sus propios Magistrados, a quienes les puedan dictar órdenes directas, sin necesidad de intermediarios…

Criterios, que antes, durante y después de ese interesante “dialogo-debate” he externado e insinuado a lo largo y ancho de Facebook…

La arremetida contra Pro Consumidor

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) es una entidad que tiene poco tiempo de existencia, creada para la defensa de los intereses de los consumidores.

Sus atribuciones son exactamente iguales a las del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (INDEPABIS), entidad regulatoria de la calidad y precios de los bienes y servicios que se ofrecen al consumidor venezolano.

Pero sin embargo, la nueva entidad, empieza a tener relevancia, al ser designada Altagracia Paulino como Directora Ejecutiva e inmediatamente implementar las leyes que le dan sustento.

Muy en especial lo pautado en el Art. 81.1 de la Ley 358-05 de Protección al Consumidor que exige que los “contratos de adhesión” de entidades financieras, entre otras, sean “registrados” ante su dependencia… Lo que obligaría a esas entidades a tener que suministrar original de los mismos a sus clientes o en defecto, que esos mismos clientes o interesados, soliciten copia certificada ante Pro Consumidor para poder iniciar acciones judiciales en los tribunales o administrativas ante ese mismo organismo, en caso de entender que se les estafa o roban, como acontece en estos momentos con ciertos pagos de “servicios, comisiones e intereses” en las tarjetas de crédito.

Situación que ha llevado los sectores oscuros del país (estatales, privados, velloneras mediáticas y “expertos” asalariados) obligarlos a combatirla frontalmente, alegando que no es competente, que eso es atribución “exclusiva” de la Superintendencia de Bancos (entidad cómplice en el desastre bancario dominicano) y llegando al colmo de tildar a la incumbente de “populista”.

FINJUS: ¡¡Se quita la careta!!

Tan amenazadas se encuentran las entidades financieras dominicanas ante la determinación, empuje y coraje de Altagracia Paulino al frente de Pro Consumidor, que han tenido que “chubarle a su brazo jurídico”: La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Por primera vez en sus 20 años de historia, contrario a su costumbre de “quemar por debajo”… FINJUS se ve obligado a QUITARSE LA CARETA para defender frontal y directamente los intereses de sus jefes del Grupo Financiero Popular, al alegar grosera y falsamente la supuesta “incompetencia” de Pro Consumidor como ente regulador en el sector bancario.

Mientras que sus voceros calificados, en calidad de “expertos independientes” se suman a la arremetida, para “hacer bulto”, pretender demostrar que “son más” y que las quejas u objeciones contra ProConsumidor “no son aisladas sino generalizadas” e influir en la decisión que debe tomar el Tribunal Superior Administrativo, ante la Acción de Amparo, incoada por la entidad a la que pertenece.

Estrategia que busca “ahogarla”, “aislarla mediáticamente” y "amarrarle las manos", al no poder influir sobre el Emperador Fernández I para despedirla del cargo ante el prestigio de esa valiente funcionaria.

Competencia de Pro Consumidor

En Venezuela ya les dije que existe INDEPABIS, que actúa en TODO ABSOLUTAMENTE TODO lo concerniente a la defensa de los derechos del consumidor.

Claro está, que al igual que en la ex República Dominicana y en muchos lugares del mundo, existen otras instancias competentes para las regulaciones: Banco Central, SUDEBAN, Defensor del Pueblo, Asamblea Nacional, Fiscalía General, etc.

Solo que en este caso, actúan cada cual independientes y colaboran entre sí, sin entorpecerse ni sabotearse unas sobre otras y viceversa.

Que no es como acontece en Dominicana, que en lugar de la Superintendencia de Bancos, sumarse a defender a los consumidores y colaborar con Pro Consumidor, toma partido a favor de los "tuntumpotes" financieros.

En este caso particular, por el "principio de abrogación”... En razón de que la Ley de Defensa al Consumidor es más reciente (9 de Septiembre del 2005) que el Código Monetario y Financiero (21 de Noviembre del 2002), sin lugar a dudas, la primera se impone sobre la segunda y cualquier otra...

Convirtiendo a Pro Consumidor en la máxima instancia regulatoria, mientras que Superintendencia de Bancos, Banco Central y Junta Monetaria, asumen un papel secundario, de ahí que interpretamos el Art. 135 de la Ley de Proteccion al Consumidor, de la siguiente forma:

En lo "individual", Pro Consumidor, cuando se trata de cliente o empresa el perjudicado...

En lo "sistémico y global", Banco Central, Junta Monetaria y Superintendencia de Bancos:  Que están obligadas a intervenir en caso de que un fraude o estafa contra un cliente, sea “genérico” y por ende síntoma de “hoyo financiero” que pueda dar al traste con el dinero de los depositantes y con todo el sistema financiero nacional..

CONCLUSIÓN:

Me cuesta darle las gracias a FINJUS por DARME LA RAZON ante algunos de mis colegas… Ya que ni siquiera tuvieron la delicadeza, la ÉTICA de auto marginarse, para que sus jefes asumieran responsablemente como Grupo Popular la defensa de sus intereses.

Lo de esa entidad, en modo alguno debe ser sorpresa, ya que hasta usan dentro de su logo institucional, la cuarta parte del que distingue al Grupo Popular al que pertenecen.

Pero mucho menos, en la ex República Dominicana, que es un archipiélago repleto de islas de poder… En donde cada cual, quiere “su tajada”

Ojalá que por primera vez en su historia, el Tribunal Superior Administrativo, reconozca la competencia y facultades legales a Pro Consumidor... Cosa que me temo no será posible, luego del funesto precedente en que proclamaron la ley creada al vapor que desconoce el 4% para la educación por encima de lo que pauta la Constitución.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Lectores en linea ahora mismo