El complejo caso Bahía de las Águilas (III): El enmarañado aspecto judicial.

Por el factor tiempo, nunca se hubiera  “hecho justicia” contra los responsables del robo de los terrenos de ese litoral, en doble perjuicio de todo el pueblo de Pedernales.

"Mas vale una mala negociación que un buen juicio".
Aforismo jurídico.

El bien común, Justicia y Seguridad Jurídica son los 3 principios básicos en que descansan las ciencias jurídicas.

Por ello cuando estamos ante un caso judicial no se pueden poner las necesidades colectivas a expensas de los intereses de 2 o 3 personas….

Por esa razón es que la Justicia está representada en la Diosa Temis, con sus ojos vendados, con sus manos, una sujetando la espada de la ley y en la otra la balanza del equilibrio.

Mientras que la “seguridad jurídica” es la garantía de que lo que han decidido los tribunales, los pactos o contratos, los documentos públicos, las leyes, etc. serán respetadas por las partes.

Todos esos factores se tomaron en cuenta para darle solución final al engorroso entramado judicial de Bahía de las Águilas….  Mediante hábil, inteligente y sabio procedimiento de “Resolución alternativa de disputas” en base a las siguientes primicias:

Bahía de las Águilas “terrenos del Estado”

Antes que nada, debemos aclarar que esa zona en términos legales NO LE PERTENECÍA A NADIE EN PARTICULAR al no encontrarse formalmente saneadas, delimitadas y registradas ante el Registro de Títulos.

Los escasos propietarios originales, apenas estaban amparados en documentos certificados por Alcaldes Pedáneos y Notarios Públicos, no en el Certificado de Títulos, mientras que otros lo eran por la ocupación "pacifica e ininterrumpida"

Por esa razón, es que en teoría le pertenecen al Estado dominicano, hasta que ese mismo ente no las adjudique por venta, donación, regalo, permuta, etc. a favor de particulares o el Tribunal de Tierras diga lo contrario mediante sentencia.

En este caso en particular, el Estado cede esos terrenos mediante “reforma agraria” a favor de mil cuatrocientas noventa y una (1491) personas entre ladrones reformistas, deudores, propietarios originales y legítimos adjudicatarios…

Hecho que origina el actual escándalo.

EL PROCESO JUDICIAL:

Los ignorantes que “exigen justicia”, reclamando el castigo para los cuatreros reformistas, deben entender que eso hubiera sido INÚTIL ya que para que eso fuese posible, había que pasar por todo este viacrucis:

Litis sobre terrenos registrados ante el Tribunal de Tierras.

Antes de proceder juzgar a los ladrones, necesariamente hay que determinar si el título de propiedad obtenido en la “reforma agraria” es o no legitimo, ya sea adquirido de buena fe o de forma dolosa.

Para eso están los Tribunales de Tierras, jurisdicción que desde su fundación en 1920, se toman SIGLOS para dictar sentencia definitiva e irrevocable sobre ese aspecto…

Situación que se agrava considerablemente, ya que se tratan de cerca de 30 kilómetros cuadrados de terreno y los adjudicatarios de los mismos, ascienden a mil cuatrocientos noventa y una (1491) personas, que al fallecer muchos de ellos + la presencia de litigantes temerarios + algunos perjudicados, han ascendido a casi 9 mil reclamantes…

¡¡9 MIL RECLAMANTES MAL CONTADOS!! Que no es paja e coco.

Determinación de herederos ante el Tribunal Civil.

En ese sentido, ese aspecto del pleito, se retarda casi indefinidamente, ya que al ser esa “reforma agraria” hace 17 años, muchos de sus mil cuatrocientos noventa y uno (1491) originales adjudicatarios fallecieron… Lo que hace que se abrieran CIENTOS DE CASOS ADICIONALES ante los Tribunales Civiles de Demandas de Determinación de Herederos.

Para de esta forma, mediante sentencia definitiva e irrevocable, los herederos pudiesen incorporarse como demandantes en el “gigapleito” del Tribunal de Tierras.

Por esa razón, es que en el Pacto suscrito con el Estado dominicano, es que no figuran muchos de los adjudicatarios, en espera de que los tribunales civiles se pronuncien al respecto.

Demanda por Estafa ante los Tribunales Penales.

Ya definitivamente concluidas las megademandas en determinación de herederos en los Tribunales Civiles y las “gigademandas” ante el Tribunal de Tierras.

Ya comprobada por sentencia definitiva e irrevocable, la responsabilidad de los “robatierras reformistas”… Consecuentemente se procede a la demanda ante los Tribunales penales por estafa y falsificación de documentos para obtener el “castigo ejemplar” que pendejamente espera “la sociedad”

Cosa que sería INÚTIL porque si el caso lleva 17 años, con los 20, 30, 40 o quizás 50 años extras que se llevara todo el proceso, esos salteadores hubieran seguramente muerto, lo que haría que las causas criminales sean declaradas “extinguidas” y archivadas definitivamente.

GANAR – GANAR COMO SOLUCIÓN

El remedio fue La “homologación” a favor de los propietarios originales de los terrenos, el reconocimiento a los legítimos beneficiados y el “perdón” a los cuatreros reformistas que se apropiaron de parte de los mismos.

Mediante la inteligente formula de aplicar “cuota-aparte”: En donde el Estado dominicano mediante decreto de "utilidad publica" "recupera” el 55 % de todas las propiedades, "reteniendo" el restante 45 % para ser pagadas en efectivo a esos propietarios, para ser revendida, quedado el Estado como “garante” ante los terceros: Los futuros inversionistas.

Cualquier persona que tenga algún "interés" en esas tierras, tendrá que vérselas con el Estado dominicano y no con los futuros compradores.

Todos ganando, porque:

Tierras que NO VALÍAN UN CENTAVO antes de 1995, gracias al “asalto reformista” que provoco la atención nacional e internacional y 17 años de pleitos pendejos… Han adquirido valor extraordinario ascendentes a miles de millones de dólares.

El Estado: Por las razones antes enunciadas.

Los propietarios originales: Simples ocupantes pacíficos y los que tenían como prueba papeles expedidos por Notarios y Alcaldes Pedáneos, “homologados” con el certificado de títulos que los acredita como tales con el correspondiente dinerito con el cual solventar sus necesidades.

Los legítimos beneficiados: Antiguos agricultores, contratistas, solicitantes de viviendas, sucesores, etc. que con ese dinero finalmente cumplen sus objetivos correspondientes.

Los salteadores reformistas: Que se evitan ir a la cárcel, mientras reciben un dinero que no les corresponde.

El pueblo de Pedernales y todo el Suroeste: Porque directamente están involucrados en el conflicto y quienes no lo estaban, abrigan esperanzas de negocio propio, empleos e inesperado plus valor de sus inmuebles colaterales o cercanos a las tierras en pugna.

El país: Porque se evita que a consecuencia de la larga e inútil megabatalla judicial, los habitantes de Pedernales se cansen, abandonen y cedan sus terrenos a los haitianos.

Los inversionistas: Porque el Estado dominicano proporciona SEGURIDAD JURÍDICA haciéndose “garante”, expidiendo los legales títulos de propiedad, concluyendo definitivamente el conflicto y evitando con ello futuras “demandas temerarias”

CONCLUSIÓN: El bien común por encima de todo.

Muchas veces como abogado con el caso ganado de antemano, hasta con sentencia ejecutoria en mis manos, tuve que sacrificar honorarios a favor de las necesidades inmediatas de mis clientes.

Se ha consagrado en el Derecho Penal las “negociaciones” con los acusados de crimen o delito, para que sirva de testigo para atrapar “al pez mayor” o simplemente se declare culpable para agilizar el proceso judicial para darle cabida y solución a otros casos en los tribunales.

En las ciencias jurídicas modernas, se ha consagrado la “resolución alternativa de disputas” en todos los órdenes civil, laboral y penal.

Porque más vale una mala negociación, que un buen pleito en donde pierdan todos… Ya sea por el factor tiempo, las necesidades de los clientes y a favor de una sana, ágil y eficiente administración de justicia.

En este caso, lamentablemente hubo que negociar con los secuestradores para “liberar” a los rehenes.

Perdonar a unos pocos a favor de la inmensa mayoría de inocentes beneficiados legítimamente,  a todo un Pueblo esperanzado en salir de su ancestral miseria y por RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL respecto a nuestra soberanía territorial y el tráfico ilícito desde y hacia Haití.

No hablamos de playitas, ni de 3 o 4 “gatos” ni de una sección rural.

Hablamos de un caso en donde están involucradas más de 9 mil personas, de toda una Provincia, de toda una región, quienes no pueden pagar toda la culpa de los 2 o 3 asaltantes reformistas que se metieron al medio.

Sería irresponsable, convertirse en “villano de la miseria” de Pedernales y el suroeste por coyunturas políticas, malvados intereses internacionales y mezquinas "envidias" corporativas que no quieren “sana competencia” en el sector turismo, aunque se joda todo el mundo y se haitianice la zona.

En nuestro próximo capítulo, hablaremos del entramado político del caso.